Boicot a los Derechos Humanos en España

Lo peor de que la Fiscalía decida recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre la investigación de los crímenes del franquismo es que quien está detrás de esta Fiscalía es el propio Gobierno que ha alimentado las esperanzas entre los ciudadanos de que la Justicia iba a llegar por fin a España.
Es el mismo Fiscal General que, en casos como De Juana u Otegi, ha presionado a sus subalternos para que tomaran decisiones favorecedoras a la corriente del ejecutivo de Zapatero, quien hoy ha decidido que en España mejor no 'meneallo'.
A simple vista podría parecer que los crímenes cometidos durante la dictadura franquita son iguales a los que se investigaron sobre la dictadura en Chile, o sobre los que a día de hoy tiene encima de la mesa el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, acerca del genocidio maya en Guatemala a lo largo de sucesivos gobiernos represivos.
Pero al parecer eso no es así. Según el escrito del fiscal, estos crímenes no pueden ser investigados por Garzón (o cualquier otro juez de la Audiencia Nacional) porque "al no tratarse de un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal, la competencia para investigar las detenciones ilegales con desaparición se atribuye a los Juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades".
Es decir, que le pasan el muerto (o los muertos) a todos esos jueces de pueblo y provincias que por no querer investigar en muchas ocasiones no investigan ni los crímenes de las mujeres maltratadas ni los robos que hay en sus zonas, aunque sí se manifiestan, como harán mañana, contra la sanción a un homólogo que dejó libre al violador y asesino de la menor Mariluz. (¡Manda huevos!, que diría Trillo).
Y no vale decir que la Justicia en España es independiente y que el Gobierno no tiene nada que ver con la decisión de la fiscalía. Básicamente porque, aunque así fuera, el Gobierno a través de sus abogados del Estado podría haberse personado en la causa como acusación particular y recurrir ahora mediante la vía legal este recurso interpuesto por un fiscal que -nos pueden llegar a vender-, va por libre.
O el Gobierno hace algo, y rápido, o esto sólo puede denominarse como tomadura de pelo a miles de ciudadanos que pensaban que la Justicia se convertiría en una realidad en España.